En un movimiento que ha generado gran preocupación, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado que está a punto de implementar un ‘estado de conmoción exterior’ en el país. Esta medida, amparada en el artículo 338 de la Constitución venezolana, le otorgaría a Maduro amplios poderes para hacer frente a lo que él considera una «seria amenaza a la seguridad nacional».
Según la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción de Venezuela, el ‘estado de conmoción’ permite al gobierno «dictar medidas de orden social, económico, político o ecológico» cuando las facultades ordinarias de los órganos públicos resulten insuficientes. Esto significa que Maduro podría imponer una serie de restricciones y controles que van desde limitar el uso de servicios y el consumo de artículos de primera necesidad, hasta hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional que no estén incluidas en el presupuesto.
Preocupaciones y Posibles Implicaciones
La declaración del ‘estado de conmoción’ ha generado gran preocupación entre los venezolanos y la comunidad internacional. Algunos expertos temen que Maduro pueda utilizar esta medida para consolidar aún más su poder y restringir aún más las libertades de los ciudadanos, bajo el pretexto de la «seguridad nacional».
Desde una perspectiva económica, el ‘estado de conmoción’ podría dar vía libre a Maduro para intervenir aún más en la economía, racionando el consumo de bienes básicos y realizando gastos extraordinarios que podrían agravar aún más la crisis económica que ya atraviesa Venezuela.
Además, expertos en derechos humanos temen que esta medida pueda ser utilizada para reprimir aún más las protestas y la disidencia en el país, al permitir a las autoridades imponer «servicios extraordinarios» a la población y sancionar a quienes se nieguen a cooperar.
Conclusión: Vigilancia y Preocupación Ante un Posible Abuso de Poder
La declaración del ‘estado de conmoción’ por parte de Maduro es un movimiento que debe ser seguido de cerca por la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos. Si bien la Constitución venezolana contempla esta figura, existe un temor legítimo de que Maduro pueda utilizarla para consolidar aún más su control y restringir aún más las libertades de los ciudadanos. Es crucial que se mantenga una vigilancia constante para evitar cualquier abuso de poder y garantizar que se respeten los derechos y las libertades fundamentales del pueblo venezolano.
