La Contraloría General de la República (CGR) ha dado inicio a una auditoría a gran escala que involucra a 733 instituciones en todo el país. El objetivo es dar seguimiento al proceso de recuperación de los fondos adeudados por las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) y Fonasa (Fondo Nacional de Salud) a dichas entidades por el mal uso de licencias médicas.
Esta acción de la entidad fiscalizadora se está llevando a cabo en coordinación con las Unidades de Auditoría Interna de organismos del sector público y municipal. La auditoría también considerará el reintegro de los fondos que deben hacer los funcionarios cuando sus licencias médicas fueron rechazadas.
Alcance Exhaustivo de la Auditoría
De las 733 instituciones analizadas, 173 pertenecen al sector salud, 33 a educación, 26 a las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería, 24 a educación superior, 2 son empresas del Estado y 143 corresponden a otras entidades públicas. Además, se incluyen 332 municipalidades.
Examen Minucioso de Plazos y Acciones de Cobro
La auditoría, que se inició a principios de septiembre, también examinará los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios y las acciones realizadas por los servicios para cobrar dichos montos. Esto incluye tanto a las entidades de salud previsional como a los funcionarios que no cumplieron con el reposo de salud y cuyas licencias fueron rechazadas, debiendo reintegrar los días no trabajados.
Resultados Proyectados en 3 Meses
Según lo indicado desde la CGR, los resultados de esta auditoría coordinada se proyectan para un plazo aproximado de tres meses. Este esfuerzo busca asegurar que las instituciones públicas y privadas cumplan con sus obligaciones y reintegren los fondos indebidamente utilizados.
