La frontera entre Chile y Bolivia se ha convertido en una ruta clave para el tráfico ilegal de vehículos robados, conocidos como «chutos». Según datos del Instituto Boliviano de Estadística (INE), cerca de 120.000 vehículos robados ingresan a Bolivia cada año desde el norte de Chile.
Estos autos, que carecen de la documentación adecuada, son comercializados de manera clandestina a precios más bajos que los vehículos importados legalmente. Esto no solo representa un grave problema de seguridad, sino que también tiene un impacto negativo en la economía formal del país, al evadir el pago de impuestos.
El Impacto del Contrabando de «Chutos»
Según el gerente de la Cámara Automotriz de Bolivia (CAB), Luis Orlando Encinas, entre 2013 y 2024 ingresaron al país 1.280.113 vehículos indocumentados, con un promedio de más de 120.000 al año. Esta cifra ha ido en aumento, llegando a 137.433 unidades en 2023, el año con mayor ingreso de «chutos».
El impacto de este contrabando es multifacético. Por un lado, las empresas legales se ven afectadas, ya que no pueden competir con los precios bajos de los autos indocumentados, lo que pone en riesgo sus operaciones y la estabilidad del mercado. Por otro lado, el Estado deja de percibir importantes ingresos por concepto de impuestos, lo que repercute en la economía formal.
Rutas Ilegales y Zonas Fronterizas
Los «chuteros» utilizan diversas rutas ilegales para ingresar los vehículos robados a Bolivia, principalmente a través de los salares de Coipasa y Uyuni, así como por Bella Vista, Llica y Huayllani en Potosí, y La Queca, Todos Santos y Pisiga en Oruro. Algunas de las principales vías de ingreso son Cosapilla (Chile) y Cosapa (Bolivia), así como San Pedro de Atacama e Hito Cajón (Chile).
Según las autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, existen al menos 10 rutas ilegales utilizadas para el ingreso de vehículos indocumentados entre Chile y Bolivia. Estos caminos precarios y poco vigilados facilitan el tráfico ilegal de «chutos».
Desafíos y Soluciones Pendientes
El contrabando de vehículos robados desde Chile a Bolivia representa un desafío complejo que requiere una respuesta integral por parte de las autoridades de ambos países. Mientras que el candidato presidencial boliviano, Rodrigo Paz, ha propuesto legalizar estos «chutos», la mayoría de los expertos coinciden en que esta medida solo empeoraría el problema.
Para abordar esta problemática, se necesita una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la implementación de políticas que desalienten el mercado ilegal de estos vehículos. Solo así se podrá frenar este alarmante tráfico que afecta la seguridad y la economía formal de Bolivia.
