En un giro inesperado en la investigación de los llamados «casinos ilegales», los abogados defensores han denunciado una grave irregularidad que podría poner en riesgo todo el proceso.
Según revelaron, la Fiscalía ha permitido que la Asociación de Casinos y Juegos pague por la custodia de las 1.633 máquinas incautadas durante los allanamientos realizados el año pasado en varias ciudades del país, incluida Concepción, donde 19 personas fueron detenidas.
Violación de la Cadena de Custodia
Para los abogados defensores, este hecho constituye una grave irregularidad que podría derivar en la violación de la cadena de custodia de la evidencia. Tal como lo señaló el abogado César Irribarra, «esta situación se podría traducir en la violación de la cadena de custodia de las máquinas».
El propio representante de la Asociación de Casinos y Juegos, el exfiscal Carlos Gajardo, admitió en una audiencia que su cliente, querellante como víctima en la causa, es quien ha pagado el arriendo de los galpones donde se custodia la importante evidencia.
Solicitud de Destrucción de Máquinas
Ante este escenario, la Asociación de Casinos respaldó la solicitud de la fiscal a cargo del caso, Pamela Lillo, pidiendo la destrucción de las máquinas, a pesar de que ninguna ha sido periciada para determinar si se trata de máquinas de azar o de destreza, como sostienen las defensas de los imputados.
Irregularidades en la Investigación
Para el abogado defensor Marcelo Villena, esta situación se suma a otras irregularidades que rodean la investigación, como el hecho de que sea la querellante quien tenga a su resguardo la evidencia de los supuestos delitos.
Ante esta situación, los abogados defensores han presentado una denuncia formal al fiscal nacional Ángel Valencia, buscando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad de la investigación y la cadena de custodia de las máquinas incautadas.
La Fiscalía Regional del Bío Bío ha admitido que fue la fiscal Lillo quien accedió a que fuera la Asociación de Casinos la que proporcionara la custodia de la evidencia, argumentando que «en la medida no existe infracción legal ni reglamentaria».
Sin embargo, para los abogados defensores, esta decisión pone en riesgo la solidez del caso y abre la puerta a cuestionamientos sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso.
