Este jueves, Francia se ha visto sacudida por una jornada de huelga y masivas protestas en rechazo a los recortes sociales propuestos por el gobierno. Desde primera hora, el país ha experimentado un impacto significativo en los servicios de transporte público, con trenes regionales y autobuses paralizados o con servicio limitado. Además, numerosas escuelas y farmacias han cerrado sus puertas en solidaridad con el llamado a la movilización.
Las autoridades esperan una participación masiva, con hasta 900.000 manifestantes tomando las calles en todo el país. Al igual que en las protestas del 10 de septiembre, organizadas a través de las redes sociales bajo el lema «Bloqueemos todo», el gobierno ha desplegado un fuerte dispositivo policial de 80.000 agentes para intentar evitar «bloqueos» y «desórdenes».
Recortes Presupuestarios y Reforma de Pensiones
La movilización ha sido detonada por el plan presupuestario para 2026 propuesto por el ex primer ministro, que preveía recortes de hasta 44.000 millones de euros y la supresión de dos días feriados. Aunque el Parlamento tumbó su gobierno y el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció la elaboración de un nuevo plan sin la eliminación de los días festivos, los sindicatos han mantenido la protesta.
Además de exigir la supresión de los recortes planteados, los sindicatos reclaman derogar la impopular reforma de las pensiones de 2023, así como medidas de justicia fiscal y más recursos para los servicios públicos. Según una encuesta reciente, un 56% de los franceses aprueban la movilización.
Intransigencia Gubernamental y Riesgo de Disturbios
El ministro del Interior, Bruno Retailleu, ha advertido que serán «intransigentes» y que esperan entre 5.000 y 8.000 «individuos peligrosos» que podrían «causar desórdenes» durante las manifestaciones. Sin embargo, los organizadores han reiterado su compromiso con la protesta pacífica, buscando defender los derechos y el bienestar de los ciudadanos franceses.
Esta jornada de huelga y movilización masiva refleja la profunda preocupación de la población por los recortes sociales propuestos y la determinación de la sociedad civil para hacer oír su voz y defender sus conquistas sociales. El gobierno se enfrenta a una encrucijada, debiendo equilibrar sus planes de austeridad con las demandas de una ciudadanía que exige justicia y protección de los servicios públicos.
