El Gobierno de Ecuador se ha visto obligado a tomar medidas excepcionales para hacer frente a las protestas generalizadas en varias provincias del país por el alza en el precio del diésel. El presidente Daniel Noboa ha declarado el estado de excepción en siete provincias, entre ellas Pichincha, Carchi e Imbabura, donde se han registrado bloqueos de vías y actos de violencia.
La decisión se fundamenta en la «grave conmoción interna» y la «alteración del orden público» que han provocado «situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas», según el decreto firmado por Noboa.
Eliminación del subsidio al diésel
El detonante de las protestas ha sido la eliminación del subsidio al diésel, lo que ha provocado que el precio del combustible pase de 1,80 dólares por galón a 2,80 dólares. Esta medida afecta directamente a sectores clave como la agricultura, la pesca y el transporte de pasajeros y carga por carretera.
Ante el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), el Gobierno ha anunciado la entrega de compensaciones e incentivos a los afectados. Por ejemplo, se han depositado más de 1,1 millones de dólares en incentivos a más de 1.600 transportistas, y 70.000 productores se han beneficiado del Bono RAÍCES de mil dólares.
Garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos
Con la declaración del estado de excepción, el Gobierno busca «detener la radicalización de las medidas de hecho» y «evitar mayor afectación a la población ecuatoriana». Durante este período, se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo que limita las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día.
Sin embargo, el decreto aclara que esto no implica una restricción al derecho a manifestarse «siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía».
La vigencia de la medida por 60 días tiene como objetivo «mantener presencia reforzada del Estado en el territorio» y «fortalecer el orden público y limitar los escenarios de violencia» contra las personas y los bienes públicos y privados.
