La semana pasada, la comunidad quedó conmocionada al conocerse los detalles de un caso de tortura ocurrido en el Hospital Base de Osorno, en la región de Los Lagos. Tras años de investigación, finalmente se han tomado medidas contra los responsables, pero las revelaciones han sido impactantes.
En 2018 y 2020, un grupo de cuatro trabajadores administrativos del hospital agredieron y torturaron a un extrabajador de la institución. Estos actos brutales, que fueron grabados, quedaron impunes durante años, hasta que recientemente se reabrió la investigación y se procedió con la formalización de cargos.
Según la Fiscalía, los videos de las agresiones no eran de su conocimiento hasta que se hicieron públicos esta semana. La fiscal María Angélica de Miguel ratificó que la investigación se basó en un sumario y una denuncia presentada en 2020, pero que recién ahora tuvieron acceso a las evidencias audiovisuales. Esto ha generado cuestionamientos sobre la eficacia y transparencia de los procesos internos del hospital.
Prisión Preventiva y Arresto Domiciliario para los Imputados
De los cuatro acusados por el delito de tortura reiterada, dos quedaron en prisión preventiva tras demostrarse su mayor participación en los hechos. Los otros dos imputados recibieron arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Según la Fiscalía, uno de los imputados que quedó con arresto domiciliario, de iniciales J.B.H, declaró voluntariamente y colaboró con la investigación. El otro, J.N.G, contó con una declaración de la víctima solicitando que no se le impute, asegurando que este imputado lo había protegido durante su estadía laboral en el hospital.
Cuestionamientos y Nuevas Denuncias
Este caso ha generado una ola de cuestionamientos y nuevas denuncias. La Contraloría, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio de Salud de Osorno se han sumado a la investigación, buscando esclarecer cómo es que estos hechos pudieron permanecer ocultos durante tanto tiempo.
Además, la Fiscalía confirmó que existe una denuncia paralela por la filtración de información y registros audiovisuales desde la carpeta sumarial. Esto plantea interrogantes sobre la seguridad y el manejo de la información sensible dentro del hospital.
A pesar de que la justicia finalmente se ha puesto en marcha, este caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y sanción dentro de las instituciones públicas. Solo así podremos evitar que situaciones de abuso y tortura vuelvan a ocurrir y queden impunes.
