Este viernes, cinco funcionarios públicos de Arica fueron formalizados por delitos de corrupción pública. Cuatro de ellos se desempeñaban en la Seremi de Bienes Nacionales, mientras que uno trabajaba en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica.
Según la investigación, estos funcionarios habrían montado una red con roles definidos que les permitió recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites, proporcionar información interna y manipular el proceso de entrega de concesiones. Además, se les acusa de haber participado en el arriendo o venta ilegal de terrenos fiscales, cobrando cuantiosas sumas de dinero.
Medidas Cautelares y Plazo de Investigación
Tras una extensa formalización de más de 12 horas, la jueza Ana Paula Sepúlveda Burgos determinó que los delitos de cohecho en funcionarios públicos y soborno en particulares quedaron acreditados. Sin embargo, no se comprobaron las acusaciones de asociación ilícita y revelación de secreto.
A pesar de que la Fiscalía había solicitado prisión preventiva para 8 de los 10 detenidos, ninguno quedó con esta medida cautelar. En su lugar, todos los imputados fueron dejados en libertad con arraigo nacional y firma mensual.
Asimismo, se decretó un plazo de 120 días de investigación para este caso. Cabe recordar que, según el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, esta práctica de corrupción podría tener «muchísimo tiempo más» de antigüedad, aunque la investigación formal se inició en 2021.
Importancia de la Transparencia en el Sector Público
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la administración pública. La corrupción socava la confianza ciudadana y desvía recursos que deberían destinarse al bienestar de la comunidad.
Es fundamental que las instituciones públicas adopten medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar este tipo de prácticas, garantizando la integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
