En una decisión que ha generado debate, el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana ha rechazado la impugnación presentada por Renovación Nacional (RN) contra la candidatura de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, a diputado por el distrito 9 en las próximas elecciones.
La votación del tribunal fue dividida, pero finalmente se mantuvo la postulación de Jadue en la papeleta electoral del 16 de noviembre. Esto se debe a que, si bien Jadue enfrenta una acusación del Ministerio Público presentada el 7 de agosto de 2025, aún no se ha realizado la audiencia preparatoria del juicio oral, por lo que su derecho a sufragio no ha sido suspendido.
La Defensa de Jadue
Los abogados defensores de Jadue, Ciro Colombara y Aldo Díaz, celebraron la decisión del tribunal, argumentando que la mera presentación de una acusación no puede privar a un ciudadano de sus derechos políticos. Según ellos, «De otro modo, el Ministerio Público tendría la potestad de decidir a las autoridades que eventualmente podrían elegir los ciudadanos, y eso es contrario a la democracia».
Los letrados confían en que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmará esta sentencia, preservando el principio de presunción de inocencia como valor fundamental en un Estado de Derecho.
La Apelación de Renovación Nacional
Por su parte, el abogado de RN, Marcelo Brunet, aseguró que apelarán la decisión ante el Tricel, pues consideran que la condición de acusado de Jadue debería ser suficiente para que no aparezca en la papeleta electoral. Brunet afirmó estar de acuerdo con el voto disidente de la presidenta de la sala, quien «funda muy bien las mismas razones que nosotros hemos dado».
Sin embargo, los defensores de Jadue se mantienen confiados en que el Tricel confirmará la sentencia, preservando el derecho a sufragio del exalcalde de Recoleta.
Implicaciones y Perspectivas
Este caso pone de manifiesto la tensión entre el principio de presunción de inocencia y las restricciones al ejercicio de derechos políticos. Desde una perspectiva jurídica, la decisión del tribunal parece apegada a la ley, al no suspender el derecho a sufragio de Jadue ante la ausencia de una sentencia condenatoria.
No obstante, desde una óptica política, la candidatura de Jadue en estas circunstancias podría generar debates y cuestionamientos sobre la integridad del proceso electoral. Algunos podrían argumentar que, incluso sin una sentencia, la mera acusación debería ser suficiente para excluir a un candidato de la contienda.
En última instancia, será el Tricel quien tenga la última palabra sobre este caso, cuya resolución tendrá importantes implicaciones para la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
