El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) condenó de manera enérgica el caso de un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue atado, rapado y quemado por sus propios colegas en el Hospital de Osorno, en la región de Los Lagos.
En un comunicado, el organismo autónomo señaló que los hechos revelados «demuestran cómo los prejuicios, la estigmatización y la discriminación estructural hacia personas neurodivergentes generan entornos institucionales de riesgo que favorecen la violencia».
Responsabilidad Estatal Ineludible
El CPT recordó que «la responsabilidad del Estado no solo reside en proteger a las personas bajo su custodia y cuidado, sino también en garantizar la integridad y dignidad de los propios funcionarios públicos, asegurando que los espacios laborales sean seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos».
En ese sentido, el organismo reafirmó su «compromiso de prevenir, visibilizar y erradicar cualquier forma de tortura y malos tratos», enfatizando que «los hechos ocurridos en Osorno evidencian la urgencia de enfrentar de manera estructural los prejuicios sociales que generan discriminación y violencia».
Rol del Comité para la Prevención de la Tortura
El Comité para la Prevención de la Tortura es el órgano mediante el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ejerce su mandato como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), otorgado por la Ley N° 21.154.
Este actúa de manera independiente, con el objetivo de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
