La megatoma de San Antonio se encuentra en un momento crítico, con la fecha límite del 3 de septiembre para llegar a un acuerdo sobre la compra de los terrenos donde se emplaza. Según expertos, la forma en que el Gobierno maneje esta situación podría tener importantes implicaciones a nivel de políticas públicas.
Cerca de 10 mil personas viven en la megatoma, en una situación de incertidumbre ante la inminente fecha límite. Tanto la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de San Antonio y la Subsecretaría del Interior deben llegar a un acuerdo sobre la compra de los terrenos.
Preocupación por un «mal precedente»
Según el abogado Rodrigo Valdés Alé, que representa a 300 familias del sector, sus representados han cumplido con todas las medidas solicitadas por las entidades estatales. Sin embargo, expertos como Carlos Guajardo, director del Diplomado en Criminología de la Universidad Alberto Hurtado, advierten que el Estado no debe «premiar» a quienes se saltaron la ley.
«Sería una mala señal si el Estado termina comprando los terrenos a través de cooperativas, ya que eso podría enviar un mensaje equivocado de que la ocupación ilegal de tierras es una forma válida de acceder a la vivienda», explicó Guajardo.
Plan operativo para un eventual desalojo
Por su parte, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, recalcó que la intención es llegar a un acuerdo, pero que ya existe un plan operativo para realizar un eventual desalojo. Según fuentes de La Radio, el proceso de desalojo y demolición podría tardar cerca de 2 mil días, es decir, alrededor de cinco años.
Llamado a la participación de los habitantes
El abogado Valdés Alé también solicitó la participación de los habitantes de la megatoma en la comisión que está negociando la compra de los terrenos, con el fin de que sus voces sean escuchadas en este proceso.
El desenlace de estas negociaciones será clave para determinar si el Gobierno logra encontrar una solución justa y sostenible, o si sienta un precedente que podría afectar futuras políticas públicas relacionadas con asentamientos informales.
