La Defensoría de la Niñez ha manifestado su profunda preocupación por las posibles consecuencias negativas que el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente podría tener en los procesos de reinserción social. Según la institución, el proyecto no es efectivo para solucionar el problema de fondo en materia de seguridad pública y, en cambio, profundizaría la crisis en esta área.
Los análisis técnicos de la Defensoría, basados en estándares internacionales de derechos humanos, concluyeron que el proyecto no considera el vínculo entre el aumento de delitos cometidos por adolescentes y el crimen organizado. Según datos del Ministerio Público, muchos adolescentes son captados por bandas criminales integradas por adultos, una dinámica que no se resuelve con el aumento de penas, ya que estas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a los jóvenes reclutados e incluso intensificar la captación de niños y niñas de más baja edad.
Garantizar justicia efectiva a las víctimas
Para garantizar justicia efectiva a las víctimas, la Defensoría de la Niñez afirmó que es indispensable abordar los nudos críticos de la investigación penal. El organismo ha observado en el caso de adolescentes una disminución en las sentencias condenatorias y una alta proporción de causas archivadas provisionalmente. Por lo tanto, para evitar la impunidad se requiere fortalecer los procesos investigativos que permitan identificar a los infractores y asegurar el cumplimiento de las sanciones.
Contradicción con la reinserción social
Respecto a la reinserción social, eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Defensoría afirmó que el proyecto no omite las acciones encaminadas a su implementación, sino que contradice su objetivo. Por ejemplo, el aumento de penas para delitos graves de 8 a 10 años no modifica el escenario actual, ya que el aumento de penas puede consolidar trayectorias delictivas.
Según la institución, enfrentar esta problemática exige reconocer las trayectorias de vida de los adolescentes que han cometido delitos, las cuales se caracterizan por contextos de inestabilidad familiar, interrupciones educativas, delincuencia intergeneracional y precariedad material.
Soluciones estructurales basadas en evidencia
Para la Defensoría de la Niñez, no es posible avanzar en soluciones sin fortalecer la política social dirigida a la preadolescencia y adolescencia. En esa línea, resultó prioritario ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, tal como lo establece la ley.
La institución también pidió robustecer los programas de prevención que consideren las experiencias recurrentes de los jóvenes, como la precariedad material, inestabilidad residencial, violencia doméstica, bajo nivel educativo y delincuencia intergeneracional. Iniciativas como el fortalecimiento del programa Lazos en todas las comunas del país o la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial han demostrado ser efectivas y deben ser parte de la respuesta estatal.
Finalmente, la Defensoría de la Niñez hizo un llamado a las y los parlamentarios a abordar el fenómeno delictivo adolescente con una mirada integral, considerando sus causas estructurales y no limitándose solo a respuestas punitivas. La institución también solicitó perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes.
