En una decisión trascendental, una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados impulsadas por el Gobierno de Donald Trump. La jueza Jia Cobb, de Washington DC, emitió un dictamen en el que critica duramente esta política, argumentando que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».
La medida, que Trump restableció en su primer mandato, permite la deportación acelerada de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años o más en el país, sin que medie una audiencia. Según la jueza, al aplicar esta política a un «enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso».
Violación de la Quinta Enmienda
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización pro-inmigrante Make The Road New York denunciaron que la política de deportaciones rápidas viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo. En su dictamen de 48 páginas, la jueza Cobb señala que el Gobierno hace un «argumento verdaderamente sorprendente» al defender este «escaso proceso», al afirmar que los inmigrantes que ingresaron ilegalmente no tienen derecho a un debido proceso.
«Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo», asegura la jueza, dejando claro que esta medida atenta contra principios fundamentales de la Constitución estadounidense.
Implicaciones y Próximos Pasos
Esta decisión judicial supone un duro revés para la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, al bloquear temporalmente una de sus principales herramientas. Desde una perspectiva económica, la suspensión de las deportaciones rápidas podría tener un impacto significativo, al ralentizar el ritmo de expulsiones de trabajadores indocumentados que desempeñan un papel clave en sectores como la agricultura y la construcción.
Ahora, el Gobierno deberá garantizar un proceso más justo y exhaustivo para deportar a inmigrantes indocumentados, lo que podría generar nuevos desafíos logísticos y legales. Sin duda, esta decisión judicial marcará un hito en el debate sobre los derechos de los inmigrantes y el equilibrio entre seguridad nacional y debido proceso.
