El gobierno de Javier Milei, que prometió erradicar la corrupción de la «casta», se encuentra ahora en el ojo del huracán por un escándalo de presuntas coimas relacionadas con la provisión de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Andis, señalan a Karina Milei, hermana del presidente, y a su asesor «Lule» Menem como los principales implicados en un supuesto sistema de retornos que habría afectado fondos públicos.
La Justicia investiga un entramado de pago de sobornos vinculado a la compra y provisión de medicamentos para el Estado, lo que podría configurar delitos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Según los datos preliminares, la Andis habría pagado hasta un 63% más por algunos fármacos en comparación con el año anterior, cuando la inflación en el sector salud fue del 35,6%.
La reacción del gobierno de Milei
La respuesta del gobierno de Milei a este escándalo ha sido la de intentar desacreditar las acusaciones, calificándolas como una «operación política» del kirchnerismo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de «Lule» Menem, ha sido uno de los principales voceros de esta línea discursiva.
Por su parte, Javier Milei ha intentado diferenciarse de los gobiernos kirchneristas, afirmando que «están molestos porque les estamos afanando los choreos». Sin embargo, la interna entre el círculo de Santiago Caputo y el clan de los Menem ha expuesto diferencias en la estrategia de reacción del gobierno, lo que ha debilitado aún más su posición.
Auditoría y sobreprecio en medicamentos
Según datos revelados por el diario La Nación, la Agencia de Discapacidad, a cargo de Spagnuolo hasta hace poco, habría pagado un 30% más en promedio por siete medicamentos en el último año. Uno de los fármacos, la Asparaginasa Pegilada, habría tenido un sobreprecio del 63% en un período en el que la inflación en el sector salud fue del 35,6%.
La empresa Suizo Argentina, mencionada en los audios y cuyos directivos son investigados, habría acumulado entre 2024 y 2025 unos 250 contratos con los que facturó casi 50.000 millones de pesos argentinos (36,8 millones de dólares) en nueve provincias gobernadas por diferentes partidos políticos.
¿Qué sigue?
Aún se desconoce quién grabó a Diego Spagnuolo y de qué fecha exacta datan los audios. Algunas versiones apuntan al kirchnerismo, otras a dueños de droguerías rivales o a la guerra interna entre facciones del gobierno de Milei.
Spagnuolo podría convertirse en «imputado colaborador» y declarar como arrepentido, lo que le permitiría obtener una reducción de pena. Sin embargo, también existe la posibilidad de que acuerde con la Casa Rosada, dependiendo de cómo se muevan las decisiones del Gobierno, el fiscal y el juez a cargo.
El futuro de este escándalo y sus implicaciones para el gobierno de Javier Milei aún se mantiene incierto, pero sin duda representa el mayor desafío que ha enfrentado su administración hasta el momento.
