En una audiencia que se extendió por más de 12 horas, el Juzgado de Garantía de Temuco, en la región de La Araucanía, dictó prisión preventiva para 15 de los 22 miembros de un clan familiar acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude de seguros, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delitos tributarios, estafa y otras defraudaciones reiteradas.
Según informó el fiscal jefe Enrique Vásquez, los «cabecillas de este clan familiar, que son los hermanos Martínez, su padre y la pareja del líder de la agrupación, quedaron en prisión preventiva». Además, algunos de los imputados ya tenían antecedentes penales por delitos como carreras clandestinas, tráfico de drogas y robo.
Para el fiscal, la prisión preventiva fue una medida efectiva para impedir que los acusados siguieran cometiendo delitos, ya que lograron acreditar los cargos en su contra. Por su parte, el tribunal fijó una fianza de $15 millones y arresto domiciliario parcial o total para los 7 detenidos restantes.
Una Investigación Exhaustiva
La denominada «Operación Imperio» fue liderada por la Policía de Investigaciones (PDI) y dejó un total de 41 detenidos, todos sindicados de integrar esta red criminal. Según el fiscal, los delitos cometidos por este clan familiar ascendieron a más de $3 mil millones.
Para el experto en seguridad pública, Andrés Gómez, este caso refleja la necesidad de «detectar las brechas del sistema que permiten que este tipo de organizaciones delictivas operen con impunidad durante años». Gómez señala que «es crucial fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, así como la coordinación entre las diferentes agencias encargadas de la persecución penal».
Lecciones Aprendidas
Este desmantelamiento de un clan familiar dedicado al lavado de activos a gran escala deja importantes lecciones para las autoridades. Según la experta en crimen organizado, Lucía Ramírez, «es evidente que estas organizaciones familiares logran infiltrarse en diversos sectores, lo que dificulta su detección y desarticulación. Por ello, se requieren investigaciones exhaustivas y un trabajo coordinado entre las instituciones».
Ramírez agrega que «este tipo de casos también pone de manifiesto la necesidad de revisar los sistemas de prevención y detección de delitos financieros, así como de fortalecer las sanciones para quienes se lucren del crimen organizado».
