En un movimiento que sacude los cimientos del sistema penitenciario chileno, la bancada de diputados de Renovación Nacional ha presentado un requerimiento ante la Contraloría para que se fiscalicen las «graves irregularidades» detectadas en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Según los legisladores, estos hallazgos apuntan a una vulneración flagrante del reglamento penitenciario, con indicios de la posible participación de funcionarios públicos en una red de cohecho que habría beneficiado a internos vinculados a la peligrosa organización criminal «El Tren de Aragua».
Los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Andrés Longton, Hugo Rey, Diego Schalper, José Miguel Castro, Eduardo Durán, María Luisa Cordero y Jorge Durán, entre otros, denuncian el descubrimiento de «especiales condiciones de habitabilidad» para ciertos reclusos, incluyendo el ingreso de elementos prohibidos como ropa de lujo, aparatos electrónicos, bebidas alcohólicas, armas y explosivos, e incluso un sistema eléctrico propio. Esto, según ellos, constituiría una «vulneración directa» al Decreto N° 518, que regula la tenencia de bienes y las condiciones de vida en los centros penitenciarios.
Corrupción Enquistada en las Cárceles
Los parlamentarios advierten que esta situación «ha generado asombro en la opinión pública» y «infunde serias sospechas acerca del nivel de conocimiento y la eventual participación de funcionarios» encargados de la custodia de los reclusos. Señalan que la existencia de estas «celdas VIP» con elementos prohibidos podría configurar delitos penales como cohecho, internación ilegal de objetos y tenencia de armas en recintos penitenciarios.
Además, los diputados recalcan que al menos el 15,8% de la población penal actual es extranjera, muchos de ellos vinculados a redes criminales internacionales. Advierten que el sistema carcelario chileno «no sólo perpetúa el delito, sino que en muchos casos lo coordina desde el interior de los penales, lo que constituye la antítesis de todo sistema penal que por definición busca la rehabilitación de los condenados y la prevención criminal».
Llamado a la Acción
De manera conjunta, los parlamentarios hicieron un llamado de atención al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por «su responsabilidad jerárquica directa sobre Gendarmería de Chile, y por no ejercer adecuadamente las atribuciones de control y disciplina que le confiere la ley».
Finalmente, la bancada solicitó a la Contraloría que remita los antecedentes al Ministerio Público para evaluar la apertura de investigaciones por delitos de cohecho, prevaricación u otros que pudieran configurarse, en el marco de lo que calificaron como una verdadera red de protección a organizaciones criminales dentro de las cárceles chilenas.
Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la integridad y la transparencia en el sistema penitenciario chileno, a fin de garantizar que cumpla verdaderamente con su función de rehabilitación y prevención del delito. La sociedad espera respuestas contundentes y la rendición de cuentas de los responsables.
