La trama de corrupción que involucra a la Fiscalía, el Juzgado de Garantía y dos abogadas defensoras de imputados por narcotráfico en la ciudad de Los Ángeles, región del Bío Bío, ha destapado un escándalo aún mayor dentro de la propia Defensoría Penal.
Durante más de un año, el líder regional de la Defensoría, Osvaldo Pizarro, se resistió a investigar a su par, el defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, a pesar de los indicios de su posible participación en el tráfico de influencias con las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero.
Cortés y Romero, esposas respectivamente del defensor jefe y del fiscal Rodrigo Durán, habrían recibido información privilegiada tanto de la Fiscalía como de la Defensoría para ejercer la defensa de sus clientes narcotraficantes. Este caso salió a la luz pública en marzo del año pasado, tras un allanamiento a la Fiscalía de Los Ángeles por orden de la Fiscalía Regional de Ñuble.
Sorprendentemente, la Defensoría Penal del Bío Bío se negó a abrir una investigación interna sobre la posible participación de su defensor jefe, Patricio Gutiérrez, hasta dos días antes de que asumiera la nueva defensora nacional, Verónica Encina, el 2 de mayo pasado. Fue recién el 30 de mayo, el último día en que Osvaldo Pizarro subrogaba el cargo de defensor nacional, que se decidió iniciar el sumario administrativo contra Gutiérrez.
Incluso un día antes de que se abriera la investigación, la Defensoría en el Bío Bío había informado que «hasta el momento, no existen antecedentes que den cuenta de una responsabilidad funcionaria» de Patricio Gutiérrez, el mismo defensor que hoy se encuentra suspendido de funciones y también imputado en la arista penal del caso.
Este encubrimiento por parte del líder regional de la Defensoría Penal, Osvaldo Pizarro, evidencia una grave falla en los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la institución. La llegada de la nueva defensora nacional, Verónica Encina, parece haber sido el detonante para que finalmente se iniciara la investigación sobre el defensor jefe de Los Ángeles.
El escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la Defensoría Penal, a fin de evitar que casos de corrupción y tráfico de influencias puedan ser encubiertos durante tanto tiempo.
