En un hito histórico para la administración pública chilena, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha encabezado la primera mesa de trabajo para elaborar un Código de Ética transversal que regirá a todo el sector público. Este ambicioso proyecto busca establecer un conjunto de valores y principios compartidos que unan a los servidores públicos en su compromiso con la ciudadanía.
Desde 2017, más de 336 instituciones públicas han desarrollado sus propios códigos de ética internos. Ahora, el Gobierno da un paso trascendental al buscar armonizar estos esfuerzos en un marco normativo unificado. Según Marcel, el objetivo es «tener la capacidad para mostrar a la sociedad y compartir entre nosotros cuáles son los valores del sector público que nos unen».
Diálogo y Consenso como Pilares
La mesa de trabajo inicial contó con la participación del director nacional del Servicio Civil, Pedro Guerra, y representantes de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores (CUT). Marcel enfatizó que este Código de Ética será el resultado de un «diálogo entre los trabajadores, trabajadoras y el Gobierno», evitando que sea algo «impuesto» o desarrollado unilateralmente.
El Servicio Civil liderará el proceso de construcción del documento, basándose en principios claros de probidad, transparencia, responsabilidad y servicio a la ciudadanía. Se ha establecido un cronograma de trabajo con plazos definidos, con el objetivo de contar con una propuesta preliminar en octubre de este año, para luego avanzar hacia su validación e implementación progresiva en todo el aparato estatal.
Hacia una Cultura Ética Compartida
Esta iniciativa representa un paso trascendental hacia la consolidación de una cultura ética compartida en el sector público chileno. Al unificar los esfuerzos dispersos en un Código de Ética transversal, el Gobierno busca fortalecer la confianza ciudadana, la transparencia y el compromiso de los servidores públicos con su labor de servicio a la comunidad.
El liderazgo del ministro Marcel y la participación de los trabajadores en este proceso son claves para asegurar que el Código de Ética resultante sea verdaderamente representativo y aceptado por toda la administración pública. Este hito sienta las bases para una nueva era de integridad y responsabilidad en el desempeño de las funciones estatales.
