En un contundente llamado a la responsabilidad, el Ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, ha arremetido contra el Laboratorio Ramallo de la empresa HLB Pharma por las muertes de al menos 87 personas causadas por el uso de fentanilo contaminado. Lugones, quien es médico de profesión, expresó su indignación ante lo que calificó como «un atentado a la gente» y exigió que los responsables «no tengan perdón de nadie».
Según el ministro, el proceso de control de calidad del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) habría sido objeto de «mala praxis» y «negligencia», lo que permitió la distribución de ampollas de fentanilo cargadas con bacterias multiresistentes en decenas de hospitales del país. «No se puede creer que un laboratorio sea sucio, si fuera estéril no habría bacterias en las ampollas», señaló Lugones, quien diferenció a la funcionaria a cargo del Iname, Gabriela Mantecón, de la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Agustina Bisio.
Exigencia de Justicia y Responsabilidad
El ministro no se anduvo con rodeos al señalar que los responsables «tienen que ir presos» y que esta situación se dio porque «tienen cobertura política, y no de este Gobierno». Haciendo eco de los reclamos de los familiares de las víctimas, Lugones aseguró que desde el Ministerio de Salud seguirán realizando controles para determinar si la inspección gubernamental sobre el laboratorio se realizó correctamente.
Consultado sobre los recortes presupuestarios que el Gobierno argentino está llevando a cabo, Lugones aclaró que en la Anmat el achicamiento no es de presupuesto o personal, sino de funciones de control en diversas áreas, pero no sobre el control de medicamentos.
Un Escándalo que Sacude a la Salud Pública
Las muertes por fentanilo contaminado han conmocionado a Argentina, con al menos 87 víctimas detectadas hasta el momento en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Formosa, además de la capital. Según las autoridades judiciales, hay 24 sospechosos con prohibición de salir del país, bienes inhibidos y una investigación patrimonial abierta, tras más de 22 allanamientos a empresas, organismos públicos y domicilios privados.
Este escándalo farmacéutico pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los controles y la supervisión en la producción y distribución de medicamentos en Argentina, para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. El Ministro Lugones ha dejado claro que no habrá impunidad y que se hará justicia por las vidas perdidas.
