En un escándalo que sacude los cimientos del Poder Judicial, se ha revelado que varios funcionarios han acudido a casinos de juego mientras se encontraban de baja médica. Ante esta situación, los diputados Gustavo Benavente (UDI) y Marcos Ilabaca (PS) han exigido que se aplique la «sanción más grave» posible a estos empleados.
La Corte Suprema ha ordenado al Fiscal Judicial recopilar los antecedentes relacionados con este caso, en el que se sospecha que los funcionarios han cometido un «engaño» al hacer uso indebido de sus licencias médicas. Según el diputado Benavente, un empleado público que actúa de esta manera «no debería estar en el sector público».
Por su parte, el diputado Ilabaca ha sido categórico al afirmar que las acciones de estos funcionarios judiciales son «absolutamente condenables» y que la Corte Suprema debe garantizar un proceso transparente a la altura de la gravedad de los hechos denunciados.
El ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, ha señalado que la conducta de los funcionarios debe ser investigada y reprimida, y que eventualmente se deben realizar los sumarios correspondientes. Chahuán ha indicado que, por la vía administrativa, la sanción más grave es la remoción del cargo, y que esta medida no sería exagerada si los funcionarios han acudido en más de una ocasión a los casinos mientras estaban de baja médica.
Este escándalo pone en tela de juicio la integridad y el profesionalismo de algunos miembros del Poder Judicial, y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades para restablecer la confianza de la ciudadanía en esta institución fundamental de la democracia.
