En un hecho que ha generado gran controversia, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la vivienda de la machi Millaray Huichalaf en Río Bueno, en el marco de una investigación por una supuesta usurpación violenta que afectó a una empresa noruega que construye una central hidroeléctrica en la zona.
Según las comunidades indígenas de la región de Los Ríos, el operativo policial habría implicado un excesivo uso de armamento y un contingente militarizado, generando un ambiente de hostigamiento y amedrentamiento en la vivienda de la machi Huichalaf. También se denunció una obstrucción y bloqueo de los caminos colindantes, así como la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el lugar.
Conflicto entre Comunidades Indígenas y Empresa Noruega
Los hechos investigados ocurrieron el 23 de febrero de 2023, cuando entre 20 y 30 encapuchados ingresaron a las instalaciones de la empresa noruega Statkraft, forzando el cierre perimetral y provocando daños y robos. Este incidente se enmarca en el conflicto que existe entre las comunidades indígenas de la zona, lideradas por la machi Millaray Huichalaf, y la compañía extranjera, en torno al proyecto hidroeléctrico que se está instalando en el río Pilmaiquén.
Consulta Indígena Pendiente
Las obras de la central hidroeléctrica se encuentran paralizadas a la espera de que finalice una consulta indígena ordenada por la Corte Suprema tras un recurso presentado por las comunidades de la zona. Este proceso está siendo llevado a cabo por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Cuestionamientos a la Acción Policial
Las comunidades indígenas han cuestionado fuertemente el operativo de la PDI, argumentando que no se exhibió la orden judicial que autorizaba el allanamiento. Además, denuncian un hostigamiento constante hacia la machi Huichalaf, incluyendo sobrevuelos de drones que han interrumpido sus funciones espirituales y médicas.
Desde el Gobierno, se ha indicado que el Ministerio Público debe pronunciarse sobre el operativo de la PDI. Por su parte, la Fiscalía ha evitado referirse al caso, argumentando que se trata de una causa reservada.
Este incidente ha puesto de manifiesto la tensión existente entre las comunidades indígenas y la empresa noruega, en un contexto de conflicto por el proyecto hidroeléctrico y la falta de una consulta indígena efectiva. La comunidad exige el respeto a los derechos de las autoridades ancestrales y el cese del hostigamiento hacia la machi Millaray Huichalaf.
