En Chile, vivir con enfermedad celíaca se ha convertido en una lucha constante contra la indiferencia del Estado. Esta condición autoinmune crónica, que no tiene cura, requiere de una dieta estricta y permanente libre de gluten. Sin embargo, los pacientes se enfrentan a una realidad desalentadora: falta de diagnóstico oportuno, precios exorbitantes de alimentos sin gluten, escasa fiscalización del mercado y, sobre todo, la falta de apoyo y reconocimiento por parte de las autoridades.
A diferencia de otros países, donde el Estado financia parte del tratamiento, en Chile las personas celíacas deben asumir solos los elevados costos. Un pan sin gluten puede costar hasta cinco veces más que uno convencional, y un paquete de galletas, incluso diez veces más. Esta situación se agrava por la oferta limitada, la poca regulación y el constante riesgo de contaminación cruzada.
Pero el problema no se limita solo a los altos precios. Muchas personas conviven con síntomas digestivos o extraintestinales sin saber que padecen de enfermedad celíaca, y los sistemas de atención primaria no cuentan con las herramientas necesarias para identificar a tiempo esta condición, lo que acarrea riesgos mayores para la salud.
Hacia una Política Pública Integral
Desde la Corporación de Apoyo al Celíaco (Coacel) y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, se ha trabajado durante décadas por el reconocimiento y la protección de esta enfermedad. Ahora, junto a la Sociedad Latinoamericana para el Estudio de la Enfermedad Celíaca, se realizará un simposio internacional para abordar este tema.
Chile ya cuenta con normativas que regulan el etiquetado sin gluten, como el Reglamento Sanitario de los Alimentos y la Ley N° 21.362. Sin embargo, la fiscalización es insuficiente. Se requiere una política pública integral que incluya a la enfermedad celíaca en el plan GES, financie diagnósticos y subsidie una canasta básica de alimentos seguros.
Comer, un Derecho Fundamental
Comer no debería ser un privilegio. Para quienes viven con enfermedad celíaca, cada comida es una decisión médica. En manos del Estado está reconocer esta realidad y garantizar el derecho fundamental a una alimentación segura, digna y accesible. Solo así podrán estas personas dejar de enfrentar diariamente la incertidumbre y la indiferencia, y vivir con la tranquilidad que merecen.
Es hora de que Chile dé un paso adelante y brinde el apoyo y la protección que las personas con enfermedad celíaca necesitan. Solo así podrán tener una vida plena y sin las limitaciones que hoy les impone la falta de una política pública integral.
