Las comunidades mapuches de la provincia de Osorno han exigido la suspensión de la Consulta Indígena convocada por el gobierno, hasta que se reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios y se modifique la legislación vigente para ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos.
En un pronunciamiento público, los voceros de las comunidades en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, señalaron que tanto la convocatoria como las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, impulsora de la Consulta, deben regirse por la Constitución, la Ley Indígena 19.253 y el Convenio 169 de la OIT.
Ley Indígena Incumple Estándares Internacionales
Sin embargo, advirtieron que la Ley 19.253, vigente desde 1994, nunca ha sido modificada para ajustarse a los tratados internacionales suscritos por Chile, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Según el vocero de las comunidades, Rodrigo, el llamado a participar del proceso de Consulta está sujeto a las peticiones realizadas al Gobierno. Estas incluyen el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la armonización de la legislación interna con el derecho internacional.
Consulta Indígena, ¿Un Nuevo Engaño?
La lonco (autoridad) mapuche de San Juan de la Costa, María Huisca, lamentó que esta Consulta se tratara nuevamente de «un engaño» para las comunidades. «Una vez más a nosotros nos van a faltar el respeto», acusó.
Otra integrante del pronunciamiento, Cecilia Queutre, señaló que el Gobierno y el Estado deben cumplir con los ordenamientos de sus servicios en favor de los pueblos originarios. Por su parte, Sara Aucapán, de la comunidad mapuche en la zona, indicó que la Consulta actual no respeta la autonomía.
Exigen Suspender Consulta Hasta Ajustar Marco Legal
En su petición, los voceros manifestaron que antes de debatir sobre un nuevo sistema de tierras, «es insoslayable que el Estado armonice y perfeccione sus normas internas con el derecho internacional, lo que implica un trabajo legislativo de envergadura y un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios».
En ese sentido, exigieron suspender todo llamado a Consulta, en especial el vinculado a la Resolución 244, hasta que se cumpla con la obligación de ajustar el marco legal y constitucional a los estándares internacionales. Aseguran que «sin esta labor previa a todo diálogo posible entre el Estado de Chile y los pueblos originarios, difícilmente se podrá arribar a una solución política, económica y social de los involucrados».
