En medio de las investigaciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, el Ministerio de Hacienda ha tomado medidas contundentes para abordar este problema. La cartera envió un instructivo a otros ministerios, subsecretarías y jefes de servicios con el objetivo de unificar criterios y reforzar las sanciones aplicables.
Uno de los puntos clave del documento es que, si los hechos acreditados demuestran una grave vulneración del principio de probidad administrativa, la ley establece de manera imperativa que debe aplicarse la sanción de destitución a los funcionarios implicados. Esta disposición ha generado reacciones encontradas, con cuestionamientos sobre la objetividad de dicho principio.
Nuevas Facultades para Investigar
Otra de las medidas incluidas en el instructivo es que la Policía de Investigaciones deberá emitir certificaciones con las fechas de entrada y salida de los funcionarios del país. Esto permitirá contar con evidencia más sólida durante los sumarios que se están llevando a cabo.
Además, se ha otorgado a los jefes de servicio la facultad de ordenar la realización de nuevas diligencias cuando no queden satisfechos con la investigación inicial. De esta manera, podrán asegurar que se cuente con todos los elementos probatorios necesarios.
Reacciones Encontradas
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales ha cuestionado el principio de probidad administrativa utilizado para evaluar los castigos, argumentando que su interpretación podría no ser objetiva. Por su parte, el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, considera que esta medida no ataca a la totalidad de los funcionarios públicos, sino que se enfoca en aquellos que abusaron del sistema de licencias médicas.
Por otro lado, el diputado republicano Agustín Romero expresó su preocupación de que las sanciones finalmente podrían ser «menos graves» de lo esperado. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda espera que estas nuevas directrices permitan aplicar sanciones ejemplares a quienes hayan incurrido en un uso indebido de las licencias.
En resumen, el Gobierno ha dado un paso firme para unificar criterios y endurecer las consecuencias ante el abuso de las bajas laborales en la administración pública, buscando restablecer la confianza y la probidad en el servicio civil.
