La Defensoría Penal Pública ha confirmado que iniciará una investigación administrativa tras una denuncia presentada en contra del abogado penal público, Víctor Providel, quien representa al exsubsecretario del Interior acusado de violación y abuso sexual, Manuel Monsalve.
La acción judicial fue impulsada por la abogada María Elena Santibáñez, quien forma parte de la defensa de la denunciante de Monsalve junto a otros dos letrados. La denuncia se debió a que Providel, según los abogados de la víctima, habría cooperado con personas bajo investigación por delitos contra la intimidad de la denunciante, facilitando su contacto con medios de comunicación para divulgar aspectos personales sin relación con el proceso judicial en curso.
Investigación por posibles faltas a la ética
La Defensoría Penal Pública ha anunciado que la investigación administrativa tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar si existen o no faltas a la probidad y ética profesional, ya que estos son valores fundamentales que rigen el actuar de todos los defensores penales públicos.
Según la institución, su rol es prestar defensa penal a todas las personas que enfrentan un proceso judicial y no cuentan con un abogado de confianza, resguardando siempre el respeto a los derechos fundamentales que le asisten a todas las personas.
Sanciones sin defensas corporativas
En caso de que se establezca la vulneración de algún derecho o deber legal, la Defensoría Penal Pública ha indicado que adoptará las sanciones correspondientes sin hacer defensas corporativas, y respetando siempre la presunción de inocencia.
Esta investigación se produce en el marco de una causa paralela relacionada con el caso Monsalve, en la que dos personas se encuentran imputadas por delitos de amenazas contra la denunciante.
