Una exhaustiva fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en Chile ha destapado una situación preocupante: más de 81.000 funcionarios públicos tienen registros en más de una institución gubernamental, ya sea en la administración central, municipalidades o corporaciones municipales.
El proceso de revisión, llevado a cabo entre marzo y diciembre de 2024, analizó los datos publicados en Transparencia Activa correspondientes a septiembre de 2023 de 787 organismos públicos, incluyendo planillas de personal y remuneraciones bajo diversas modalidades de contratación.
Múltiples contratos, ¿irregularidad o compatibilidad?
Los hallazgos de la fiscalización del CPLT revelan que el 80% de estos funcionarios con registros múltiples tienen dos contratos, mientras que el 20% restante tiene tres o más. Además, se evidenció que el 73% de los casos se produce dentro de una misma institución, especialmente en el sector educación de las municipalidades.
Por otro lado, el 27% de los casos corresponde a funcionarios registrados en dos o más instituciones diferentes, siendo la combinación más común la de tener cargos tanto en municipios como en la Administración Central (10% del total).
En cuanto a las modalidades de contratación, el 20% de los casos son personas con múltiples contratos a honorarios, el 19% combina contrata y honorarios, y el 18% presenta más de un registro a contrata. Estas combinaciones representan más de la mitad de los casos (57%).
Según el CPLT, la multiplicidad de registros contractuales no es necesariamente una situación irregular. Sin embargo, en algunos casos podría dar cuenta de eventuales incompatibilidades, como funcionarios con cargos de planta en una institución y contratos adicionales a honorarios en otras, sin claridad sobre la compatibilidad horaria. En otros casos, se requeriría más información para determinar si existe o no una irregularidad, como el caso de un profesional con hasta 11 contratos a honorarios simultáneos en municipalidades y remuneraciones mensuales totales por sobre los $16 millones.
Infracciones al derecho de acceso a la información
Además, la fiscalización del CPLT también evidenció infracciones al debido cumplimiento del derecho de acceso a la información. De las 79 solicitudes de acceso a la información (SAI) ingresadas para conformar la muestra, 17 no fueron respondidas o lo fueron parcialmente. Asimismo, se detectaron casos de información errónea, falta de derivación cuando correspondía, entrega de datos personales sensibles sin anonimizar y respuestas con inconsistencias respecto de lo publicado en transparencia activa.
Conclusión: Transparencia y rendición de cuentas en el sector público
Los hallazgos de esta investigación del CPLT ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública chilena. Si bien la multiplicidad de contratos no es necesariamente irregular, es fundamental garantizar la compatibilidad horaria, evitar conflictos de interés y asegurar el cumplimiento del derecho de acceso a la información por parte de los organismos estatales.
Este caso evidencia la importancia de contar con sistemas de gestión de personal eficientes y con controles adecuados, así como de promover una cultura de rendición de cuentas y transparencia en el sector público. Solo así se podrá garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
