La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado serias irregularidades en los pagos realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria a cargo de la Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta. Entre los hallazgos más preocupantes, se encuentra el traspaso improcedente de más de $329 millones por cuatro facturas emitidas por la empresa concesionaria.
Según el informe de la CGR, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó como parte de los gastos asociados al servicio de construcción, desembolsos presentados por la firma por un total de $1.734.425.077, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra.
Pagos cuestionados y falta de respaldo
La Contraloría señala que «los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por sí solos, que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado -y a partir de las mismas, solventan los montos de IVA que en estas se indican-, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra».
En consecuencia, la CGR anunció que formulará el pertinente reparo y presentará la demanda que da inicio al juicio de cuentas para recuperar los fondos públicos indebidamente pagados.
Otros incumplimientos detectados
Además de los cuestionados pagos, el informe de la Contraloría reveló otras irregularidades en la ejecución de la concesión del Camino de La Fruta:
Avance de obra sin respaldo documental
La Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra, sin que en algunos casos se respaldara documentalmente el total del progreso reportado por la empresa concesionaria.
Entrega incompleta de proyectos de ingeniería
Se constató que el concesionario entregó de manera incompleta parte de los proyectos de ingeniería de detalle de la obra, lo que no fue advertido por la inspección fiscal.
Aprobación sin autorización sanitaria
La inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, pese a que aún no contaba con el visto bueno de la autoridad sanitaria, infringiendo las bases de licitación.
Acciones a seguir
Además de la demanda por el pago improcedente, la CGR ordenó a la DGC que sustente los porcentajes de avance identificados en el informe, de tal manera de acreditar que, al momento de sancionarse el cumplimiento del hito del 80%, estos presenten los progresos declarados.
Asimismo, el inspector fiscal deberá proponer las multas por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria.
Finalmente, la Dirección General de Concesiones deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en que pudiera derivar lo ahora revelado por la Contraloría.
