El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha desatado una tormenta de controversia al defender la cuestionada reforma constitucional que le permitirá ejercer un tercer mandato consecutivo. Bukele argumenta que «el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno», pero cuando un país «pequeño y pobre como El Salvador» intenta hacer lo mismo, se convierte en «el fin de la democracia».
Sin embargo, organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que este tipo de medidas «atentan contra la alternabilidad, un elemento central de toda democracia». Celia Medrano, aspirante a la Vicepresidencia por el Movimiento Sumar, señala que «para quienes aún dudaban sobre el objetivo de perpetuarse indefinidamente en el poder del actual gobernante, ahora no cabe ninguna duda».
El camino hacia la concentración de poder
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele, aprobó y ratificó en una sola jornada y sin debate previo, la reforma a varios artículos de la Constitución. Esto le abre la puerta al presidente para optar por un tercer mandato consecutivo, además de eliminar la segunda vuelta electoral y ampliar el período presidencial de cinco a seis años.
Para Juanita Goebertus, de HRW, el partido de Bukele «está recorriendo el mismo camino que Venezuela» al impulsar esta reforma constitucional. «Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura», advierte.
Preocupación regional y llamados a la democracia
La organización civil Acción Ciudadana denuncia que «permitir la reelección presidencial indefinida y alargar el período de ejercicio del cargo no busca dar poder al pueblo, o ahorrar fondos públicos, por el contrario, su objetivo real es perpetuar al presidente en el poder».
Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha sido clara: la reelección presidencial indefinida es incompatible con la democracia, como lo demuestran los casos de Venezuela y Nicaragua. Ahora, los críticos advierten que Bukele y su gobierno «están clavando el último clavo en el ataúd de la democracia en El Salvador».
