En un movimiento polémico, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha vetado dos leyes aprobadas recientemente por el Congreso: una que garantizaba un aumento del 7,2% en todas las pensiones, y otra que reforzaba las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral para personas con discapacidad.
Según informes, Milei argumenta que estas «costosas iniciativas» pondrían en peligro el acuerdo de rescate de 20.000 millones de dólares firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril. El organismo internacional había advertido que estas medidas generarían un gasto público adicional del 1,5% del PIB, lo que podría comprometer la estabilidad fiscal del país.
Impacto en las Pensiones y la Discapacidad
La ley vetada sobre pensiones garantizaba un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones, así como un aumento del bono extraordinario para las pensiones mínimas, de 70.000 a 110.000 pesos argentinos (aproximadamente de $50.000 a $78.000 chilenos). Esta medida buscaba aliviar la situación de los jubilados, fuertemente afectados por la política de recorte de gastos impuesta por Milei.
Por otro lado, la ley de discapacidad vetada reforzaba las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral para este sector vulnerable. También establecía un régimen de compatibilidad entre las pensiones no contributivas por invalidez y los empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.
Negociación Legislativa y Desafíos Futuros
Ahora, el Gobierno de Milei deberá iniciar un proceso de negociación legislativa para intentar mantener su veto. Si la oposición logra el apoyo de dos tercios en ambas cámaras, podrían anular la orden presidencial y restablecer las leyes aprobadas por el Congreso.
Esta situación refleja los desafíos que enfrenta Milei para equilibrar las exigencias del FMI y las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Su decisión de vetar estas medidas, si bien puede responder a consideraciones fiscales, también genera preocupación sobre el impacto en los pensionistas y las personas con discapacidad.
