En un acto de extrema violencia, el rector del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, fue brutalmente atacado por un grupo de individuos que lanzaron piedras, palos y una bomba molotov contra él. Según la Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH), este ataque «podría haber puesto en riesgo su vida».
El incidente, presenciado por estudiantes y personal del colegio, no solo afectó al rector, sino también a profesores y asistentes de la educación, quienes fueron objeto de agresiones físicas y verbales. La ASEDUCH denunció que muchos testigos «no se atreven a denunciar por miedo a represalias».
¿Manipulación Política o Estrategia del Crimen Organizado?
La asociación sugiere que estos actos de violencia no tienen relación con los problemas educativos del INBA, sino que podrían deberse a una «posible manipulación por parte de adultos». Incluso, plantean la posibilidad de que esta escalada de violencia se deba a un cambio reciente en la administración municipal y escolar, lo que podría indicar una «intencionalidad política» o una estrategia de «grupos del crimen organizado para no perder territorios anteriormente conquistados».
Llamado a las Autoridades a Actuar con Firmeza
Ante esta situación, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el ataque como un acto de «grupos extremistas» que representan a una minoría de los estudiantes. Desbordes hizo un llamado a Carabineros para que actúen «con mucha más firmeza» y exigió al Gobierno una intervención urgente para «neutralizar a estos grupos extremistas que están destruyendo la educación pública».
El jefe comunal sentenció: «No puede ser que no haya una voz del gobierno, que no haya un pronunciamiento del ministro de Educación que guarda silencio». Desbordes reclamó al Gobierno que le diga «qué va a hacer para terminar con estos encapuchados, estos obreros de blanco que están atacando, incendiando, destruyendo la educación, pero además agrediendo personas».
Llamado a la Acción: Proteger la Educación Pública
Este lamentable incidente en el INBA pone de manifiesto la urgente necesidad de que las autoridades tomen medidas contundentes para detener la escalada de violencia en los colegios. La educación pública no puede quedar rehén de grupos extremistas que buscan imponer sus intereses a través de la fuerza. Es momento de que el Gobierno y Carabineros actúen con firmeza para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal educativo, y así preservar el derecho fundamental a una educación de calidad.
