En un giro inesperado, el Poder Judicial ha suspendido a la jueza Irene Rodríguez, quien había dejado en libertad al sicario Alberto Mejía, también conocido como el «Rey de Meiggs». La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, tomó la decisión de suspender a Rodríguez mientras se realiza una investigación exhaustiva sobre los hechos que rodearon esta controvertida liberación.
La cadena de eventos que llevó a la fuga de este peligroso criminal revela fallas graves en el sistema judicial. Inicialmente, Mejía se identificó con un nombre falso, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, lo que dificultó la verificación de su verdadera identidad. Posteriormente, se emitieron comunicados contradictorios entre el juzgado y Gendarmería, con una orden de libertad que finalmente permitió que Mejía saliera de prisión y huyera del país hacia Perú.
Investigación Disciplinaria en Curso
La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó un sumario disciplinario a cargo de la fiscal Carrasco, con el objetivo de determinar las responsabilidades y posibles faltas cometidas por la jueza Rodríguez y otros funcionarios del Poder Judicial en este caso. Además de Rodríguez, se ha anunciado la suspensión de una funcionaria judicial, cuya identidad aún no ha sido revelada.
Fallas en la Identificación y Comunicación
Según la información recabada, el principal factor que desencadenó esta situación fue la identificación errónea del imputado, con un nombre falso que inicialmente no pudo ser corroborado. Esto, sumado a la falta de coordinación y comunicación entre el juzgado y Gendarmería, permitió que se emitieran órdenes contradictorias que finalmente derivaron en la liberación de Mejía.
Consecuencias y Búsqueda Internacional
Tras su fuga, se reveló que Mejía pagó un viaje de más de 2,5 millones de pesos desde Estación Central a Iquique, y luego salió del país hacia Perú. La Interpol ha emitido una alerta roja para su captura, pero hasta el momento el peligroso sicario sigue prófugo.
Este caso pone en evidencia las graves fallas en el sistema judicial que permitieron la liberación de un individuo considerado de alta peligrosidad. La suspensión de la jueza Rodríguez y la investigación disciplinaria en curso buscan determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
