En un movimiento audaz para mejorar la eficiencia del gobierno, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado una reestructuración a gran escala. La medida incluye la reducción del número de ministerios de 20 a 14, la disminución de las secretarías de 9 a 3, y el despido de 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones, incluyendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, estos cambios tienen como objetivo lograr «un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos de calidad para los ciudadanos». Jaramillo aclaró que los despidos no afectarán a personal esencial como médicos, enfermeras, profesores, policías o militares, ni a grupos vulnerables.
Estas medidas se enmarcan en el plan de Noboa para reducir el déficit estatal y cumplir con las metas del programa crediticio de $5.000 millones firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado. Entre los principales cambios se encuentran la fusión de los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Transporte y Obras Públicas; la integración de Cultura, Deporte y Educación Superior en el Ministerio de Educación; y la unión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el de Gobierno.
Reestructuración en el Ámbito de la Seguridad
En el ámbito de la seguridad, Noboa también ha ordenado que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 pasen a depender del Ministerio del Interior, en lugar de rendir cuentas directamente a la Presidencia.
Según Jaramillo, en los próximos días se darán más detalles sobre cómo se llevarán a cabo estas fusiones, ya que algunas carteras pasarán a ser viceministerios y otras tendrán «otras figuras».
Hacia un Estado Más Eficiente y Sostenible
La reestructuración impulsada por Noboa busca crear un gobierno más ágil y eficiente, capaz de brindar mejores servicios a los ciudadanos. Al mismo tiempo, estos recortes forman parte de un esfuerzo más amplio por reducir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos adquiridos con el FMI. Si bien algunos empleados públicos perderán sus puestos, el objetivo es lograr una administración más sostenible a largo plazo.
Solo el tiempo dirá si estas medidas lograrán los resultados esperados, pero sin duda representan un cambio significativo en la forma en que se gobierna Ecuador.
