En medio de la polémica generada por la plataforma Cualiffy, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha salido a aclarar los límites legales en el uso de la Clave Única, la identificación digital de los ciudadanos chilenos.
Marcel enfatizó que la Clave Única es propiedad de la persona y que nadie tiene derecho a pedirla, sin importar lo útil que pueda ser el servicio ofrecido. «Una vez que la persona entrega su Clave Única, no sabe qué uso va a tener posteriormente», advirtió el ministro.
Empresas sin autorización, bajo la lupa
El jefe de las finanzas públicas apuntó directamente a las empresas que no están autorizadas para utilizar la Clave Única, advirtiendo que al hacerlo «están incurriendo en una falta, eventualmente un atentado contra la privacidad de las personas, que tiene una sanción penal».
Según Marcel, las instituciones que pueden usar la Clave Única son principalmente públicas o privadas que cumplen una función pública, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, las empresas privadas que no operan con la Clave Única no tienen autorización para usarla en su publicidad.
El caso de Cualiffy
En este contexto, el Gobierno ya ha levantado alertas sobre la plataforma Cualiffy, que mediante el uso de la Clave Única, ingresada por los propios usuarios, crea de forma automática un «certificado laboral» que incluye datos sensibles como el historial de licencias médicas y boletas de honorarios.
Ante esta situación, la Subsecretaría de Hacienda exigió a Cualiffy que deje de usar los logos oficiales de la Clave Única en su sitio web. Además, se solicitó al Sernac y a la Agencia Nacional de Seguridad que tomen medidas al respecto.
Protege tu información personal
El Ministro Marcel instó a las personas a resguardar su información personal sensible y, en caso de sentirse presionadas a entregar la Clave Única, a «hacer la denuncia correspondiente al Sernac u otra institución que puedan asesorar en la materia».
La advertencia del Ministro de Hacienda es clara: la Clave Única es un activo personal que debe ser protegido, y su uso no autorizado por parte de empresas puede acarrear graves consecuencias legales.
