En una decisión clave, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile ha rechazado el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de más de 40 diputados oficialistas contra la Ley de Permisos Sectoriales, también conocida como la «ley de permisología».
La resolución, adoptada con el voto de cuatro de los ocho ministros del TC, significa un importante respaldo al proyecto de gobierno, que busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales necesarios para concretar proyectos de inversión, sin afectar los estándares regulatorios ni ambientales.
Una victoria para la modernización administrativa
El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó la decisión del TC como «una buena noticia para el país», ya que este proyecto es «muy importante» para agilizar los procesos burocráticos que hoy ralentizan la activación de nuevas inversiones.
Los diputados oficialistas que impugnaron la ley argumentaban que algunos artículos transgredían garantías constitucionales como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sin embargo, el TC consideró que estos cuestionamientos no tenían fundamento suficiente.
Simplificación y optimización de más de 380 permisos
La ley de permisología busca modernizar y simplificar más de 380 permisos sectoriales que dependen de 37 servicios públicos diferentes. Esto permitirá agilizar la tramitación de proyectos de inversión que hoy enfrentan largos y engorrosos procesos administrativos.
Según el gobierno, esta reforma legal es «la más importante en la materia en las últimas dos décadas» y contribuirá al aumento del crecimiento económico, al destrabar proyectos que actualmente se encuentran paralizados.
Consulta indígena y estándares ambientales intactos
Si bien los diputados cuestionaban que la ley podría afectar el Convenio 169 sobre Consulta Indígena, el TC consideró que estos argumentos carecían de sustento. Asimismo, el ministro Grau enfatizó que la reforma no tocará los estándares ambientales vigentes.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ha despejado el camino para que el gobierno pueda avanzar en la implementación de esta ley clave, que busca destrabar la burocracia y dinamizar la actividad económica del país.
