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Juicio por Quiebra Fraudulenta de Maderas Venturelli: $20 Mil Millones en Juego

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Juicio por Quiebra Fraudulenta de Maderas Venturelli: $20 Mil Millones en Juego

El próximo 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas, se llevará a cabo el juicio oral contra cuatro personas vinculadas a la empresa Maderas Venturelli en Lautaro, región de La Araucanía. Los acusados enfrentan cargos por los delitos de provocación o agravación de insolvencia, también conocidos como quiebra fraudulenta, y ocultamiento de bienes.

Según el fiscal Carlos Cornejo, a cargo de la investigación, los montos involucrados en este caso ascienden a $20 mil millones. Los acusados son Jaime Armando Venturelli González, Julia del Carmen Gallegos Muñoz, Pablo Andrés Venturelli Gallegos y Jaime Patricio Venturelli Gallegos.

La Acusación de Quiebra Fraudulenta

La acusación sostiene que el 16 de octubre de 2019, ante el mal estado de los negocios de Maderas Venturelli, la empresa Comercial Industrial y Forestal el Sol Limitada solicitó la liquidación forzosa de la compañía. En este contexto, los acusados habrían realizado una serie de actos jurídicos y otras conductas destinadas a perjudicar a sus acreedores, con el fin de eludir el cumplimiento de sus responsabilidades.

Penas Solicitadas

Por estos hechos, el fiscal Cornejo está solicitando penas que van desde 300 días de presidio a 4 años de cárcel, por los delitos establecidos en siete hechos distintos.

Cabe destacar que el Tribunal Oral de Temuco acogió la petición de la defensa de Julia del Carmen Gallegos Muñoz, quien solicitó la suspensión del juicio argumentando problemas de salud.

Implicaciones y Relevancia

Este caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los acreedores cuando las empresas en dificultades financieras intentan eludir sus responsabilidades. La supuesta quiebra fraudulenta de Maderas Venturelli podría tener graves consecuencias económicas y legales para los involucrados, con la posibilidad de que algunos de ellos terminen en prisión.

Desde una perspectiva más amplia, este tipo de prácticas erosionan la confianza en el sistema empresarial y pueden tener implicaciones negativas para la economía local y regional. Es fundamental que las autoridades judiciales actúen con firmeza para sancionar este tipo de conductas y enviar un mensaje claro de que la ley se aplica por igual a todos los actores.

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