En un hecho histórico, la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado en primer trámite constitucional un proyecto que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramiento de Jueces. Esta iniciativa, que obtuvo 110 votos a favor y solo 4 en contra, ahora avanza al Senado para su segundo análisis.
La crisis desatada por el caso Audio, que reveló presuntos sobornos e irregularidades en el Poder Judicial, ha sido el detonante de esta urgente reforma. Según el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el sistema judicial enfrentó «una de las crisis más graves de su historia», lo que impulsó al gobierno de Gabriel Boric a actuar con celeridad.
Hacia una Justicia más Independiente y Meritocráctica
El proyecto crea un Consejo de Nombramientos Judiciales autónomo, encargado de gestionar las selecciones de jueces en base a méritos y mecanismos de oposición efectiva. Este organismo propondrá al Presidente las listas de candidatos para ministros y fiscales de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y jueces letrados.
Además, se establece una Fiscalía Judicial que velará por la conducta de jueces y auxiliares, investigando faltas disciplinarias y de probidad, previniendo conflictos de interés y formulando acusaciones ante el Tribunal de Conducta Judicial.
Los parlamentarios han valorado que esta reforma separe las funciones administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias del Poder Judicial, lo que mejorará su eficacia e independencia, priorizando los méritos sobre criterios políticos o de «amiguismo». Esperan que los nuevos órganos autónomos «saquen a los malos elementos» de la judicatura.
Consenso Político Transversal
Según el ministro Gajardo, la propuesta del Ejecutivo ha logrado un amplio consenso político. «La estructura satisface a distintas fuerzas políticas. En una materia como esta, necesitamos acuerdos transversales», indicó.
La diputada Gael Yeomans (FA) sostuvo que «la corrupción en el Poder Judicial se arrastra por años. Por décadas, ministros actuaron como juez y parte». Por su parte, el diputado Agustín Romero (Republicano) expuso que «esta reforma responde a una crisis de confianza, cuya manifestación más evidente fue el tristemente célebre caso Hermosilla».
En definitiva, esta reforma judicial busca restablecer la confianza pública en el sistema de justicia, fortaleciendo su independencia y meritocracia. Un paso crucial para sanar las heridas dejadas por el escándalo del caso Audio.
