La exigencia de garantías financieras anticipadas como condición para suscribir convenios con el Servicio de Protección Especializado está poniendo en jaque la labor de Aldeas Infantiles SOS y otras organizaciones que trabajan con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
Según un sondeo realizado, el 71% de las organizaciones señala que no tienen la capacidad para financiar una garantía, y en el caso de las residencias, esta cifra alcanza un 75%. Esto plantea un serio interrogante sobre qué va a pasar con la atención de esos 41.000 niños y niñas que ya se encuentran en listas de espera.
Una medida que ignora la ley vigente
Esta nueva exigencia pasa por alto la Ley 20.032, que regula específicamente el régimen de traspaso de los aportes estatales a estas organizaciones. Dicha ley establece que la subvención se entrega mes a mes después de prestar los servicios y una vez rendidos los gastos, bajo estrictos estándares de supervisión y control financiero.
Además, cabe destacar que el aporte estatal para residencias cubre solo entre el 75% y el 80% del gasto mensual por niño; el resto proviene de aportes propios y donaciones.
Un llamado urgente al gobierno
Ante esta situación, Aldeas Infantiles SOS y otras organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado urgente al gobierno a revisar esta medida para asegurar la continuidad de las atenciones a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que hoy dependen del sistema de protección para su bienestar y desarrollo.
