La Fiscalía ha solicitado una audiencia de formalización contra un ciudadano venezolano de 32 años que amenazó de muerte a la diputada Camila Musante (IND-PPD) a través de la aplicación Instagram.
Según lo declarado por la propia diputada Musante, el hombre habría reconocido haber realizado la amenaza, en la que le indicó que «ESPERO AMANEZCAS EN UNA BOLSA NEGRA, EL TREN DE ARAGUA TE HARÁ EL FAVOR». Estas palabras fueron interpretadas como una seria y verosímil amenaza contra la vida de la legisladora.
Reacción de las Autoridades
Inicialmente, la diputada Musante había criticado la «pasividad de las autoridades del Poder Judicial» ante la evidencia de la amenaza, argumentando que no se había tomado ninguna medida formal al respecto. Sin embargo, la Fiscalía ha actuado rápidamente al solicitar la audiencia de formalización, acusando al sospechoso de «Amenazas contra autoridad, previsto y sancionado en el artículo 264 inciso 1° del Código Penal».
Implicaciones y Contexto
Este tipo de amenazas contra figuras públicas, especialmente autoridades electas como diputados, son sumamente preocupantes y deben ser abordadas con la máxima seriedad por parte de las instituciones. La diputada Musante ha sido clara al señalar que la amenaza fue «muy directa y concreta» hacia su persona, lo que genera una legítima inquietud sobre su seguridad y la de otros representantes políticos.
Más allá de las acciones legales, este incidente también plantea interrogantes sobre la creciente polarización y violencia verbal en las redes sociales, y la necesidad de que las plataformas digitales y las autoridades trabajen de manera coordinada para identificar y sancionar este tipo de conductas inaceptables.
