En un giro inesperado, la Policía de Investigaciones (PDI) ha realizado un allanamiento a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) en el centro de Santiago, en el marco de la investigación por la liberación irregular de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, un imputado señalado como sicario del «Rey de Meiggs».
Según las fuentes, los detectives actuaron con una orden del 7° Juzgado de Garantía, después de que la CAPJ se negara a entregar voluntariamente sus servidores. El objetivo era recabar antecedentes sobre las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería, ya que la CAPJ coordina estos procesos, clave para esclarecer cómo Ferrer Ramírez obtuvo su libertad a pesar de tener una orden vigente de prisión preventiva.
Colaboración forzada del Poder Judicial
Tras el allanamiento, el Poder Judicial emitió un comunicado confirmando que la CAPJ colaboró con la entrega de la información requerida por la PDI, tras la presentación de la orden judicial correspondiente. La directora interina de la CAPJ y el jefe del Departamento de Informática facilitaron personalmente los servidores del Poder Judicial relacionados con el caso del imputado.
Esta cooperación contrasta con versiones previas que señalaban una resistencia inicial de la CAPJ. Sin embargo, el comunicado aclara que la entrega se realizó «tras la exhibición de la orden judicial», y que todos los antecedentes solicitados por la PDI fueron proporcionados sin objeciones.
Gendarmería y el Poder Judicial, bajo la lupa
La investigación se centra en esclarecer cómo Ferrer Ramírez, a pesar de tener una orden vigente de prisión preventiva, logró obtener su libertad. Según Gendarmería, el 9 de julio recibieron una orden impresa del 8° Juzgado de Garantía para ingresar al imputado al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago I. Sin embargo, el 10 de julio, el mismo tribunal envió una contraorden vía sistema informático que anuló la detención.
Gendarmería afirma que «no se detectaron vulneraciones a los sistemas», pero recopila antecedentes para el Ministerio Público, que lidera la investigación. La CAPJ, por su parte, reitera su compromiso de «facilitar la investigación» y esclarecer las responsabilidades relativas a la liberación del sicario.
Preguntas sin respuesta
Hasta el momento, se desconoce el paradero actual de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, quien se mantiene prófugo. La investigación busca determinar cómo se produjo esta liberación irregular y quiénes fueron los responsables, con el fin de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
Este caso ha puesto en tela de juicio la integridad y transparencia del sistema judicial, generando preocupación en la opinión pública. La sociedad espera que las autoridades competentes logren esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
