En un giro inesperado, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), ha deslizado la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras la liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez.
Según Alessandri, las dos hipótesis que se manejan sobre la liberación del imputado tienen que ver con un eventual error de tipeo en su nombre en la solicitud enviada a Gendarmería, o el hecho de que no contara con un RUT, lo cual suele asignarse a extranjeros en este tipo de procedimientos. Ambas situaciones estarían relacionadas con las labores del Registro Civil y Gendarmería, instituciones que dependen del Ministerio de Justicia.
Responsabilidad Política del Ministro de Justicia
Por ello, el presidente de la Comisión apuntó directamente al ministro Gajardo, señalando que «las dos instituciones que estarían fallando aquí, Gendarmería y Registro Civil, dependen de un mismo ministro, el ministro de Justicia». Alessandri aseguró que sus equipos legales e investigativos están estudiando el caso «para llegar a las últimas consecuencias», incluyendo la posibilidad de una acusación constitucional por responsabilidad política.
Reacción del Ministro de Justicia
Por su parte, el ministro Gajardo se refirió a las declaraciones de Alessandri, afirmando que «se están entregando todos los antecedentes correspondientes para esclarecer la situación», la cual calificó como «un hecho grave». Respecto a los posibles errores, Gajardo señaló que «si hubieran ese tipo de errores, no corresponde dejar sin efecto una medida cautelar».
El secretario de Estado subrayó que en este caso es «completamente inusual que se deje sin efecto una medida cautelar ordenada en una audiencia y mediante una resolución judicial», y que «se va a tener que esclarecer dentro de la investigación que se está llevando adelante».
Gobierno y Fiscalía Revisarán Protocolos de Comunicación
Ante esta situación, el Gobierno y la Fiscalía han anunciado que revisarán los protocolos de comunicación entre los diferentes órganos involucrados, con el fin de evitar que se repitan este tipo de incidentes en el futuro.
La liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez ha desatado una crisis política que podría tener serias consecuencias para el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien deberá enfrentar una posible acusación constitucional por su presunta responsabilidad en este caso.
