En un giro inesperado en una investigación judicial, la jueza Irene Rodríguez y otros funcionarios del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago han entregado voluntariamente sus teléfonos celulares a las autoridades. Esta acción se enmarca en las diligencias realizadas por el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, y la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una indagatoria.
Según el fiscal Pastén, «Tomamos declaraciones en calidad de testigo a la señora magistrada y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar información que pudiera ser útil. Incautamos computadores desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes».
Esta cooperación por parte de los funcionarios judiciales sugiere un claro interés en esclarecer los hechos y facilitar la investigación. Al entregar sus teléfonos y equipos de manera proactiva, demuestran una actitud transparente y un compromiso con la justicia, lo cual podría ser clave para determinar si existieron irregularidades o vínculos con actividades ilícitas.
Es importante destacar que la investigación se encuentra en curso, por lo que aún no se han revelado detalles sobre el alcance o la naturaleza de las posibles irregularidades. Sin embargo, este gesto de los funcionarios judiciales podría ser un importante paso hacia la rendición de cuentas y la restauración de la confianza pública en el sistema judicial.
A medida que la investigación avance, será crucial monitorear si surgen nuevos hallazgos o implicaciones que puedan tener un impacto más amplio en el funcionamiento del tribunal y la administración de justicia. Por ahora, la transparencia y la cooperación de los involucrados parecen ser un buen punto de partida para esclarecer los hechos.
