El Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en el centro de una batalla política que podría determinar el destino de uno de los proyectos estrella del Gobierno: la nueva Ley de Permisos Sectoriales para Inversión, también conocida como la «ley de permisología».
Más de 40 diputados oficialistas han presentado un requerimiento de inconstitucionalidad, argumentando que ciertos artículos del proyecto violan la Carta Magna. Mientras tanto, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Economía, Nicolás Grau, han solicitado al TC que rechace este requerimiento, alegando que no cumple con los requisitos legales.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, subraya la importancia de este proyecto, señalando que, dada la alta tasa de informalidad y desempleo que se acerca al 9%, esta ley sería clave para destrabar grandes inversiones y generar nuevas oportunidades laborales.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Melo, uno de los impulsores del requerimiento, insiste en la necesidad de proteger principios y derechos básicos, lo que, según él, el proyecto de ley no estaría garantizando.
Un Debate Crucial para la Inversión y el Desarrollo
La decisión del TC sobre la admisibilidad del requerimiento marcará un punto de inflexión en este debate. Si se declara admisible, se abrirá un proceso de audiencias donde las partes y terceros podrán intervenir. En caso contrario, el control de legalidad seguirá su curso normal.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, considera «extraña» la postura de los diputados, ya que, según él, el argumento de rechazo a las nuevas técnicas habilitantes no implica necesariamente una disminución de los estándares.
¿Avance o Retroceso?
La resolución del TC tendrá implicaciones profundas para el futuro de la inversión y el desarrollo en el país. Si la ley se aprueba, podría destrabar grandes proyectos y generar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, si el requerimiento prospera, el Gobierno se enfrentaría a un revés significativo en su agenda económica.
Independientemente del resultado, este debate pone de manifiesto la complejidad y las tensiones que rodean la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de agilizar los procesos burocráticos y la protección de los derechos y principios fundamentales. El desenlace de esta disputa será clave para determinar si Chile avanza o retrocede en su camino hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.
