En un tenso debate, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que endurece las penas para adolescentes de 14 a 16 años que cometan delitos graves. Con 85 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa, impulsada por el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), establece que las sanciones de internación en régimen cerrado o semicerrado tendrán un límite máximo de 10 años, igualando el tope actual para jóvenes de 16 a 18 años.
Actualmente, este grupo etario solo puede recibir penas privativas de libertad de hasta cinco años. De convertirse en ley, el cambio regirá para un catálogo de delitos particularmente graves, como secuestro agravado, violación, homicidio y robo con violencia, entre otros.
Debate Polarizado
La aprobación en general del proyecto generó un intenso debate, con posturas divergentes entre el oficialismo y la oposición. Siete diputados del Partido Comunista, junto con parlamentarios del Frente Amplio y parte del Socialismo Democrático, votaron en contra, cuestionando el endurecimiento de las sanciones.
Por su parte, el diputado Longton expresó su preocupación por la falta de respaldo del Gobierno, acusando al Ejecutivo de «ponerse en el lugar de los delincuentes menores de edad» en lugar de priorizar a las víctimas.
Advertencia del Gobierno
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, participó del debate advirtiendo que el endurecimiento de penas no ha demostrado mayor eficacia en la experiencia internacional. Además, resaltó los avances logrados en la disminución de la reincidencia delictiva de jóvenes infractores desde la entrada en vigencia del sistema especializado juvenil.
Próximos Pasos
El proyecto volverá a la Comisión de Constitución, donde se analizarán en detalle las indicaciones propuestas por la bancada de Renovación Nacional, que buscan, entre otras medidas, considerar los antecedentes penales previos, suprimir beneficios que permiten salir en libertad antes de cumplir la condena, y endurecer el tratamiento de las fugas desde centros de internación provisoria.
El debate promete mantenerse encendido, con posturas encontradas entre quienes abogan por mayor rigor en las sanciones y quienes defienden un enfoque centrado en la reinserción juvenil.
