El Congreso ha aprobado la creación de la Fiscalía Supraterritorial (FS), un organismo especializado del Ministerio Público que se encargará de investigar el crimen organizado y delitos de alta complejidad que excedan los límites de una sola región.
La nueva institución, establecida mediante una reforma constitucional en 2024, contará con fiscales adjuntos, personal de apoyo y recursos materiales dedicados exclusivamente a esta área. Su objetivo es fortalecer la persecución penal de actividades delictivas que se desarrollan a nivel transnacional o en múltiples regiones del país.
Estructura y Atribuciones Clave
En lugar de las inicialmente propuestas «macrozonas», la FS se organizará en «unidades de organización» que se definirán según criterios funcionales y operativos, como las características comunes de los territorios o el tipo de delitos a investigar. Estos mecanismos garantizarán la coordinación eficiente con las Fiscalías Regionales.
La ley faculta al Fiscal Nacional para dictar instrucciones particulares al Fiscal Jefe de la FS en casos de crimen organizado o alta complejidad. También lo autoriza a crear unidades de organización con los recursos existentes. Sin embargo, se ha restringido la sede de la Fiscalía Supraterritorial a la ciudad de Santiago.
Debate y Observaciones
Si bien la propuesta fue ampliamente respaldada en el Congreso, que la consideró «necesaria» para enfrentar la realidad del crimen organizado, surgieron algunas observaciones. Se pidió «entregar los recursos necesarios» y «acelerar el programa de contratación de personal» para que la nueva unidad pueda operar eficazmente.
Un punto polémico fue la introducción de una regla de «alarma pública», que permite solicitar a la Corte Suprema que ciertas causas de la FS sean conocidas por los tribunales de Santiago. Sectores del oficialismo y el propio Gobierno han objetado esta cláusula, argumentando que «altera reglas de competencia» y podría ser inconstitucional.
Ante esto, el Ejecutivo ha anunciado una «reserva de constitucionalidad» sobre esta disposición, que fue introducida vía indicación parlamentaria sin el patrocinio del Gobierno.
