Un grupo de más de 40 parlamentarios, liderados por el diputado Daniel Melo del Partido Socialista (PS), ha presentado formalmente un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra artículos específicos de la recientemente aprobada Ley de Permisos Sectoriales.
Según el documento ingresado al TC, los artículos impugnados «transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación». La iniciativa legal también argumenta que estas modificaciones incurren en una infracción al principio de supremacía constitucional y a los estándares mínimos de respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Vulneración del rol protector del Estado
El requerimiento sostiene que ciertos artículos de la ley violan el principio fundamental de que el Estado debe proteger a la población. Los parlamentarios señalan que estas disposiciones establecen que «la administración de bienes nacionales, gestión de aguas y otros sólo quedan sujetas a declaraciones juradas», lo que representa «una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector».
Además, el documento indica que las modificaciones contenidas en el artículo 104 afectan de forma directa a los pueblos originarios, incurriendo en una infracción al Convenio 169 sobre Consulta Indígena, ratificado por Chile.
Críticas previas durante la tramitación
Cabe destacar que esta iniciativa legal ya había generado críticas previas entre algunos diputados socialistas durante su tramitación. En ese momento, estos parlamentarios advirtieron que «esta ley en su contenido tiene artículos que implican una regresión ambiental y no respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio».
Defensa de derechos y el futuro de las nuevas generaciones
El diputado Daniel Melo destacó la importancia de esta acción legal, señalando que «nadie está en contra de mejorar la gestión del Estado, pero en este proyecto se modificaron artículos en el sentido contrario a aquello». Agregó que «este es un acto de dignidad en tiempos donde priman los silencios y los cálculos. Debemos defender el derecho de las comunidades y el futuro de las nuevas generaciones».
La presentación de este requerimiento marca un nuevo capítulo en la controversia constitucional y legal que rodea a la Ley de Permisos Sectoriales, pendiente ahora de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la validez de los artículos cuestionados.
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