Una denuncia formal presentada ante la Contraloría General de la República ha puesto en el centro de la atención pública una millonaria compra realizada por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes. Según los denunciantes, la operación, que involucró una inversión de $1.229 millones en la adquisición y remodelación de una propiedad, estaría plagada de irregularidades y posibles conflictos de interés.
El senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y seis consejeros regionales encabezan la denuncia, apuntando directamente al gobernador Jorge Flies. Sostienen que el mandatario no se habría inhabilitado en la aprobación de la compra a un juez tributario, quien, semanas después, adquirió una propiedad por $400 millones a una sociedad en la que una familiar directa del gobernador tiene un 33% de participación.
Cuestionamientos a la Transparencia del Proceso
Además de la supuesta triangulación, la denuncia también cuestiona la ausencia de licitación pública, vínculos entre tasadoras y funcionarias del Servicio Mejor Niñez, diferencias de hasta un 10% en las tasaciones, y el descarte injustificado de ofertas más económicas. Incluso se acusa a la Contraloría regional de omisión, pese a denuncias previas.
La Respuesta del Gobernador
Por su parte, el gobernador Jorge Flies ha calificado la denuncia como «una más» proveniente de «un sector concertado de derecha». Defiende que la selección de la casa la hizo el Servicio de Mejor Niñez, no el GORE, y que el proceso fue validado por la metodología del Ministerio de Desarrollo Social, sin observaciones.
Sobre la supuesta triangulación, Flies afirma que «van a tener que demostrarlo muy bien» y que personalmente se querellarán por injurias. Además, rechaza cualquier nexo entre la operación pública y la compra privada, indicando que «esas son acciones entre privados».
Llamado a la Transparencia y Rendición de Cuentas
Los denunciantes, por su parte, han enfatizado la necesidad de que «cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor» y que «los magallánicos merecen que se esclarezca si los recursos públicos se están utilizando correctamente». De existir un uso indebido, advierten que «estos hechos no pueden quedar impunes».
La polémica compra y las acusaciones de irregularidades han generado un intenso debate en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos en la región de Magallanes.
