El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Chile Vamos), ha presentado una querella por injurias graves contra un usuario de la red social Twitter, @RobertoMerken, cuyo verdadero nombre es Roberto Conejeros González. La acción judicial también busca determinar si Conejeros es funcionario público.
La querella nace después de que Sichel diera una entrevista donde se refirió a la investigación contra Alberto Larraín, fundador de ProCultura, por un eventual fraude al fisco. En respuesta, @RobertoMerken publicó una fotografía manipulada que buscaba vincular a Sichel con Larraín, acompañada de mensajes que, según el alcalde, buscan mostrarle ante la opinión pública como involucrado en una situación delictiva o irregular.
Fotomontaje y Peritaje Técnico
Sichel acusa que la fotografía publicada por @RobertoMerken es un montaje digital, para lo cual adjuntó en la querella las dos imágenes originales utilizadas. Un peritaje realizado por la diseñadora Macarena González concluye que se trata de una «construcción digital» con «un esfuerzo considerable» para generar una imagen «visualmente coherente y persuasiva».
Además de solicitar que Conejeros sea condenado por injurias graves, Sichel pide que se envíe un oficio a la Contraloría para determinar si el tuitero es funcionario público y en qué horario y lugar de trabajo se encuentra. El alcalde adelantó que podría presentar más acciones civiles contra @RobertoMerken.
La Defensa de Conejeros
El abogado Fernando Leal, quien asumió la defensa de Conejeros, denunció que su cliente fue notificado de la querella en el domicilio de su madre en San Miguel, a pesar de que este reside en Providencia. Leal interpuso una querella criminal contra el receptor judicial por «faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales».
Por su parte, Conejeros acusó en Twitter que enfrenta una «persecución política» por parte de «personas con poder económico y político», y que su único interés ha sido «ejercer su derecho ciudadano a informarse, compartir ideas y participar en los asuntos públicos».
Este caso pone de manifiesto la tensión entre la libertad de expresión y la protección de la honra y la dignidad de las autoridades públicas. Mientras Sichel busca establecer si el tuitero es funcionario público, Conejeros defiende su derecho a participar de forma activa y crítica en los asuntos de interés público.
