La Municipalidad de Traiguén, en la región de La Araucanía, ha contratado a Juan Pichún, un lonco (líder comunitario) investigado por un atentado incendiario ocurrido en esa comuna en 2021. Según la administración municipal, esta contratación se debe al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado chileno por vulnerar los derechos de 8 mapuches al aplicar la Ley Antiterrorista.
Reparación Ordenada por la CIDH
El administrador de la Municipalidad de Traiguén, Jorge Espinoza, explicó que el lonco Pichún fue contratado como agente comunitario del Programa de Reparación de Derechos Humanos de Temulemu, dependiente del Departamento de Salud municipal. Esto se debe a que la CIDH ordenó al Estado chileno reparar a los afectados, entre ellos el padre de Pichún, Pascual Pichún.
Espinoza señaló que la Municipalidad actúa como un intermediario, ya que los recursos para el programa son transferidos por el Servicio de Salud Araucanía Norte. El programa contempla atenciones psicológicas y dentales para los beneficiarios, que según el fallo de la CIDH son «los descendientes del Lonko Pascual Pichún, fallecido y actualmente representado por su hijo Juan Pichún».
Contratación a Honorarios
Según el portal de Transparencia Activa, Juan Pichún fue contratado por la administración anterior de la Municipalidad de Traiguén en calidad de honorarios, recibiendo una renta de $950.000. El Servicio de Salud Araucanía Norte aclaró que el convenio con el municipio contempla la posibilidad de contratar personal a honorarios, siendo el proceso de selección y contratación responsabilidad exclusiva de la Municipalidad.
Investigación por Ataque Incendiario
Cabe destacar que Juan Pichún se encuentra en prisión preventiva, investigado por su presunta participación en el atentado incendiario ocurrido en Traiguén en 2021. Sin embargo, la Municipalidad ha mantenido su contratación, argumentando que se trata del cumplimiento de la sentencia de la CIDH.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades al intentar reparar violaciones de derechos humanos, mientras se abordan paralelamente investigaciones penales. La contratación de Pichún, a pesar de las acusaciones en su contra, refleja la complejidad de este tipo de situaciones.
