El debate sobre las pensiones y asignaciones para los expresidentes de Chile ha vuelto a encender los ánimos en el Congreso. Este lunes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados retomará la tramitación de diversos proyectos que buscan modificar o eliminar estos beneficios, generando una acalorada discusión entre la oposición y el oficialismo.
La principal propuesta en la mesa es que las dietas se paguen únicamente a partir de los 65 años de edad de los expresidentes. Otras iniciativas apuntan a reducir el monto actual de 7 millones de pesos o incluso eliminar por completo las asignaciones de traslado y funcionamiento de oficinas.
¿Privilegio o Dignidad?
Para la diputada Camila Flores (RN), la opción más probable sería que los expresidentes reciban su pensión vitalicia solo a partir de los 65 años. Aunque reconoce que algunos sectores buscarían eliminar por completo estas dietas, argumentando que se trata de un «privilegio».
Por su parte, el diputado Leonardo Soto (PS) acusa que estos proyectos son una «venganza» o «revancha política» contra el presidente Gabriel Boric, por ser un mandatario joven. Mientras que la diputada Lorena Fríes (Frente Amplio) defiende que los expresidentes deben recibir una dieta, aludiendo al argumento de la «dignidad del cargo».
¿Prioridad o Distracción?
El diputado Marcos Ilabaca (PS) se muestra a favor de limitar las dietas, pero cuestiona que este sea el foco principal, criticando al presidente de la comisión, el diputado Jorge Alessandri (UDI), por priorizar este tema en lugar de iniciativas que beneficien más directamente a la ciudadanía.
Cabe destacar que el trámite de estos proyectos se reactivará una vez que la Biblioteca Nacional entregue un informe solicitado sobre la materia, el cual se espera que ya esté en poder de la secretaría de la Comisión de Constitución.
Conclusión: ¿Dónde Está el Equilibrio?
El debate sobre las dietas de los expresidentes parece estar más motivado por consideraciones políticas que por un análisis objetivo de lo que es justo y sostenible para el país. Si bien es legítimo cuestionar privilegios, también se debe considerar la dignidad del cargo y las dificultades que pueden enfrentar los exmandatarios al reinsertarse en el mundo laboral. El desafío será encontrar un equilibrio que satisfaga las demandas de la ciudadanía sin caer en la venganza o la politización del tema.
