En una decisión que sacude los cimientos de la política migratoria estadounidense, la Corte Suprema de EEUU ha dado luz verde al Gobierno del presidente Donald Trump para reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador. Esta medida, que supone una victoria para la Casa Blanca y su campaña de deportaciones masivas, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que temen por la seguridad de los migrantes.
La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho inmigrantes a Sudán del Sur, entre los que se encuentran dos cubanos y un mexicano. Según el Gobierno, estos inmigrantes cometieron «crímenes monstruosos» y sus propios países se negaron a recibirlos.
Violación de derechos y riesgos para los migrantes
La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo. Sin embargo, en su alegato ante el Supremo, el Gobierno de Trump argumentó que los inmigrantes enviados a terceros países corrían peligro por estar expuestos a posibles ataques y a condiciones «deplorables» en la base aérea de Yibuti, donde se encontraban detenidos.
Para los abogados de los inmigrantes, esta decisión representa una grave violación de sus derechos, al privarles de la oportunidad de una defensa legal adecuada antes de ser deportados a países donde podrían enfrentar torturas o riesgos para su seguridad.
Implicaciones más amplias
Desde una perspectiva económica, esta medida podría tener un impacto negativo en las comunidades de acogida de los migrantes deportados, al privarlas de mano de obra y contribuyentes potenciales. Además, para los consumidores, esto significa una mayor incertidumbre y vulnerabilidad en sus comunidades.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema de EEUU representa un duro golpe para los defensores de los derechos de los inmigrantes y abre la puerta a una intensificación de las deportaciones masivas impulsadas por la Casa Blanca. Mientras que el Gobierno de Trump celebra esta victoria, organizaciones de derechos humanos temen por el bienestar y la seguridad de los migrantes afectados.
